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PortalTaurino. Viernes, 2 de
marzo´2001. FRANCISCO MATEOS
Cronología
de los hechos
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de
Málaga ha fallado a favor de la Unión Taurina de Abonados de Málaga respecto
a la demanda que ésta había interpuesto contra la Junta de Andalucía, que le
negaba los informes de los veterinarios sobre los reconocimientos de los
festejos que se celebran en la plaza de toros de La Malagueta. El juez José Ángel
Castillo, según la sentencia a la que ha tenido acceso PortalTaurino,
fundamenta que “debe estimarse que la Asociación recurrente, entre cuyos
fines se encuentra la defensa legítima de los intereses de los aficionados y
abonados taurinos de Málaga, tiene un interés legítimo en cuanto al contenido
de los informes veterinarios y actas de reconocimientos solicitados y referidos
precisamente a las reses lidiadas en la plaza de Málaga”. Este argumento es
el contrario defendido por la Junta de Andalucía en Málaga, que opinaba que
los aficionados carecían de interés legítimo para acceder a estas actas de
los veterinarios, entre otras cosas porque entendía que el artículo 33-8 del
Reglamento sólo les daba pie a presenciar los reconocimientos veterinarios. En
cambio, el juez de Málaga entiende que “si la Asociación tuvo derecho a
presenciarlo y lo ejerció, mal se puede entender que se le niegue el acceso a
lo que no es sino un documento administrativo de constancia. Este derecho a
presenciar los reconocimientos de reses integra necesariamente el de obtener
copia del acta que a tal fin se levante, pues de otro modo quedaría vacío de
contenido e imposibilitaría el ejercicio efectivo de los fines que
estatutariamente tiene establecidos”.
Además, el juez de lo Contencioso Administrativo estima
que “se ha de tener en cuenta, además, el principio de publicidad, esenciales
todos en un Estado democrático que rechaza la concepción oscurantista y
patrimonialista de los archivos administrativos, por lo que no podemos entender
que los documentos solicitados puedan calificarse de nominativos, pues raro será
el documento administrativo que no resulte nominativo siguiendo esa restrictiva
interpretación contraria a los principios expuestos”.
Por todo ello, el juez falla en contra de la Consejería
de Gobernación de la Junta de Andalucía y a favor de la Unión Taurina de
Abonados de Málaga, “que tiene derecho a obtener copia de los informes de los
veterinarios en los reconocimientos de La Malagueta”.
Según ha podido saber PortalTaurino, la Junta de Andalucía
no ha recurrido la sentencia en su contra dentro de los quince días de plazo
que tenía para poder hacerlo, con lo que el fallo es desde ayer efectivo.
Juan Sánchez Tentor, presidente de la Unión de Abonados
de Málaga, estima que “la sentencia, si bien no sienta jurisprudencia, es
sumamente interesante porque viene a confrmar la tesis de las uniones de
abonados sobre la participación y transparencia informativa. O sea, que no
somos unos locos iluminados, sino que tal vez hemos entendido mejor que los
gobernantes (y por supuesto, mejor que los poderes fácticos del taurinismo) cuál
es el sentido de la participación ciudadana en un estado democrático de
Derecho.
Un largo proceso
El abogado que representa a la Unión Taurina de Abonados
de Málaga había interpuesto el 6 de marzo del año pasado un recurso ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Málaga ante las reiteradas
negativas del delegado de la Junta en esta provincia, Luciano Alonso, “a
facilitarles cierta documentación oficial derivada de la celebración de espectáculos
en la plaza de La Malagueta”, según consta en el texto denunciante al que ha
tenido acceso PortalTaurino.
 
Demanda de la Unión de
Abonados de Málaga al juzgado
Los documentos que solicitaban
los abonados malagueños son los informes emitidos por los veterinarios al
presidente de cada festejo sobre el reconocimiento de las reses de La Malagueta
“con idea de demostrar, al menos, que los presidentes actuales contradicen
sistemáticamente las decisiones de los veterinarios, aprobando toros que estos
habían rechazado; incluso, según nuestras fuentes, se han aprobado corridas
enteras que habían sido rechazadas por los facultativos”, explica el
presidente de la Unión de Abonados de Málaga, Juan Sánchez Tentor.
Decisión presidencial
La normativa actual viste de
poder al presidente para decidir qué toros son aprobados y cuáles no. No
obstante, es preceptivo que los veterinarios de su equipo le eleven, previamente
a la toma de la decisión y por separado, un informe sobre cada uno de los toros
reconocidos. Los abonados estiman que los presidentes malagueños marginan estos
informes de los expertos a la hora de tomar sus decisiones, informes que, además,
la Delegación de la Junta en Málaga se niega a facilitar.
Aunque la denuncia se materializó
el 6 de marzo del año pasado, los antecedentes de este conflicto entre los
abonados y la Junta de Andalucía se remontan a la temporada 96, año en el que
el delegado de la Junta en Málaga, Luciano Alonso, decidió quitar del palco
como presidente a José Luis Fernández Torres, un presidente que era felicitado
por este colectivo, “ya que defendía los intereses de los aficionados y exigía
para La Malagueta los toros que eran necesarios”.
Tras esta decisión, el delegado
Luciano Alonso nombró a tres presidentes que ya habían actuado en algunas
ocasiones en La Malagueta y que, a juicio de los abonados, “al menos dos habían
dado sorprendentes muestras de docilidad ante las circunstancias,
desconocimiento e incumplimientos del Reglamento, descoordinaciones y falta de
rigor en la aprobación del ganado y desarrollo del espectáculo taurino. Así
lo hemos manifestado al delegado reiteradamente –explica Juan Sánchez-,
aunque su respuesta siempre ha sido la misma, que los presidentes cumplen la
normativa y que nuestras denuncias son puramente subjetivas”.
Pruebas
Con la intención de demostrar
que no eran opiniones personales, desde el año 98 vienen solicitando copias de
los informes veterinarios de cada reconocimiento, para probar que los
presidentes, supuestamente, suelen ignorar las opiniones fundamentadas de los
facultativos, lo que ha provocado “un descenso alarmante en el trapío de los
toros que se lidian en La Malagueta”, comenta Sánchez Tentor.
 
Sentencia a favor de la
Unión de Abonados de Málaga
La primera denegación al acceso
a los informes veterinarios por parte de la Junta en Málaga se produce en
septiembre de 1998, indicando que pueden recurrir a distintas instituciones,
como la Comisión Nacional de Asuntos Taurinos y el Consejo Andaluz de Asuntos
Taurinos. Los abonados siguen sus instrucciones y exponen sus quejas en dichos
foros, que, lógicamente, nada podían hacer. También elevaron un recurso de
alzada ante la que entonces era consejera de Gobernación, Carmen Hermosín, máxima
responsable en materia taurina en Andalucía, que también desestimó la petición
mediante silencio administrativo.
Finalmente, y ante la férrea
negativa de la Junta a facilitar estos informes de los veterinarios, los
abonados malagueños optaron por la vía judicial al agotarse la administrativa,
con la única intención de saber qué ocurre en los corrales de La Malagueta.
Ahora, un juez les ha dado la razón y ha sentenciado a su favor, con lo que
tendrán opción a saber el criterio de los veterinarios, al margen de lo que
finalmente decidan los presidentes.
Cronología
de los hechos
*1 de septiembre de 1998: La Unión
Taurina de Abonados de Málaga realiza un informe sobre la actuación de los
presidentes en La Malagueta y solicitan a la Delegación de la Junta de Andalucía
en Málaga copia de los expedientes de los reconocimientos veterinarios.
*22 de septiembre de 1998: La
Delegación de la Junta en Málaga deniega lo solicitado por un defecto en la
forma de solicitud, argumentando que deben pedirse documento a documento.
*17 de noviembre de 1998: Los
abonados piden los 28 expedientes de reconocimientos veterinarios, uno a uno.
*23 de diciembre de 1998: La
Junta de Andalucía responde que existen órganos como la Comisión Consultiva
Nacional de Asuntos Taurinos y el Consejo Andaluz de Asuntos Taurinos para
solicitar información.
*27 de enero de 1999: Nueva
petición ante la Junta al contestar los anteriores órganos que dicha información
obra sólo en poder de la Delegación de la Junta en Málaga.
*6 de septiembre de 1999:
Interposición de un recurso de alzada dirigido a la entonces consejera de
Gobernación, Carmen Hermosín, máxima responsable en esta materia en Andalucía,
ante otra desestimación de la Junta.
*6 de diciembre de 1999: Pasados
tres meses del recurso de alzada, se entiende desestimada la petición mediante
silencio administrativo.
*6 de marzo de 2000: Presentación
de recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado, solicitando la anulación
de las resoluciones impugnadas y el reconocimiento del derecho a acceder a los
informes veterinarios.
*24 de enero de 2001: Sentencia
en contra de la Junta y a favor de la Unión de Abonados de Málaga del Juzgado
de lo Contencioso Administrativo número 4 de Málaga, sin que la Junta haga
derecho a recurso.
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