EMPRESARIOS TAURINOS. FIDEL SAN ROMÁN

NOTICIAS

ABC, 31/10/2006. Las Ventas toca fondo de la mano de Taurovent

Hoy, en plena licitación por Las Ventas, termina el contrato de adjudicación a Taurovent, casi dos años después de su oscura concesión. Desde entonces la plaza se sumió en un ostracismo. La afición no ha cesado de clamar a la Comunidad de Madrid contra su abandono y por el cumplimiento del pliego. El último comunicado es del pasado domingo 29 y lo firma la Agrupación de Aficionados, que manifiesta de nuevo su «insatisfacción por el anormal desarrollo de la temporada», por «la gestión de la actual empresa» y «la actuación del Consejo Taurino». Las mismas cinco asociaciones que denunciaron más de un centenar de incumplimientos, desde la lidia de sólo 38 de los 81 hierros prometidos el 4 de enero de 2005 («nuestra gente del campo ha visitado 80 ganaderías. Tenemos el tema muy resuelto, antes de que dieran la plaza. No se puede defraudar», dijo Martínez Uranga) a la desaparición casi por completo del plan de publicidad estructurado, de la que ayer se hacía eco el portal Burladero. Las Ventas ha caído a números indecentes de asistencia de público fuera de abono. El hecho de que Fidel San Román, imputado en la «operación Malaya», firmase como consejero delegado de Taurovent el contrato de adjudicación junto a Ignacio González, mano derecha de Esperanza Aguirre, fue lo más escandaloso pero no lo más grave. La dejadez en la organización de la temporada, incluso de la propia Escuela de Tauromaquia -curiosamente el apartado por el que Taurovent ganó el anterior concurso-, los continuos enjuagues, polémicas, contradicciones y desmentidos han convertido Las Ventas en un huerto estéril y sin guarda.

ELPLURAL.COM, 31/10/2006. Pagaba a Roca "en efectivo y en un sobre"

El constructor madrileño Fidel San Román, concesionario de la explotación de la plaza de toros de Las Ventas, reconoció ante el juez de Marbella que había pagado a Juan Antonio Roca “con dinero en efectivo y en un sobre”, sin recibir a cambio ningún recibo. Aunque en su primera declaración, San Román negó que hubiera efectuado ningún pago, en una declaración ampliatoria ante el instructor del caso Malaya del pasado 17 de julio difundida por El País, admitió que efectuó dichos pagos en varias ocasiones.

"El dinero siempre se lo daba en efectivo y en un sobre y nunca me dio recibo. Era la primera vez que me veía en esta situación de que me pidieran un dinero extra". Éste es uno de los extractos difundidos por El País de la declaración ampliatoria de Fidel San Román ante el juez instructor del caso Malaya el pasado 17 de julio. En ella admite pagos ilegales y en sobre al ex asesor urbanístico de Marbella, Juan Antonio Roca. San Román asegura, entre otras cosas, que era la primera vez en su vida que tenía que pagar dinero para conseguir determinados favores urbanísticos. En su primera declaración ante el juez, San Román dijo sin embargo que nunca había pagado al señor Roca. Asegura también que "el señor Roca nunca me comentó qué iba a hacer con el dinero recibido, ni me dijo que iba a repartirlo con los concejales o con alguien más". Por su implicación en la trama de corrupción de Marbella, San Román permaneció encarcelado unas semanas en la prisión malagueña de Alhaurín de la Torre y ahora se encuentra en libertad provisional bajo fianza.

Otros casos de corrupción

El promotor urbanístico Fidel San Román es, junto a Ramón Calderón y José Antonio Martínez Uranga, uno de los empresarios de la plaza de toros de Madrid desde que a finales de 2004 el Gobierno regional, del PP, les adjudicase la gestión de la plaza de Las Ventas. San Román ha hecho sus principales negocios en Las Rozas y opera mayoritariamente en municipios gobiernados por el PP. La semana pasada se supo también que compró suelo en Ciempozuelos, donde el alcalde socialista Pedro Torrejón, pretendía recalificar suelo para la construcción de miles de viviendas.

El Confidencial, 25/10/2006. Caso Quijorna: Anticorrupción investiga la venta de suelo de ediles de PP y PSOE a San Román

Esta semana, la Fiscalía Anticorrupción de la Comunidad de Madrid tomará cartas en asunto del ‘caso Quijorna’. La localidad madrileña, vecina de la también controvertida (por motivos urbanísticos) Brunete, con un proyecto de PGOU por el que pretende pasar de 2.300 habitantes a 30.000, no se ha librado del modus operando del promotor inmobiliario Fidel San Román, implicado en la ‘Operación Malaya’ (Marbella).

El milagro del PGOU obró también en Quijorna. Sin embargo, un grupo de incrédulos (cuatro concejales independientes) ha decidido presentar en los próximos días ante la Fiscalía Anticorrupción una demanda contra los principales implicados en la venta de terrenos particulares en el municipio. Entre ellos, algunos ilustres paisanos, como la alcaldesa, Mercedes García (PP), y los concejales Fernando Díaz (PSOE) y Juan José Cerrato (PSOE).

Hace tan sólo quince días, la federación socialista madrileña abrió expediente a sus dos afiliados por posible desobediencia grave y actuación al margen de las directrices del partido. Demasiado tarde. Los dos concejales ya votaron en su día a favor de un avance del PGOU propuesto por la corporación municipal, regida por el Partido Popular. Quizás los intereses particulares suponían una fuerza de causa mayor.

De acuerdo con el contenido de la denuncia que se presentará ante la Fiscalía Anticorrupción, tanto la alcaldesa como los dos concejales formalizaron la venta de respectivos terrenos el mismo día 22 de septiembre de 2005, en una notaría de Las Rozas, al promotor Fidel San Román. En total, el empresario tiene en Quijorna un millón de metros cuadrados, “la mitad con información privilegiada”, asegura Florentino Serrano, portavoz de los independientes.

Venta a través de primas y hermanos

Cada uno de los sospechosos empleó diversos mecanismos para articular la venta. Por una parte, la alcaldesa Mercedes García y su cuñado operaron con terrenos protegidos. En el caso de Fernando Díaz, el terreno vendido figuró a nombre de una hermana, “aunque creemos que el dinero era para los tres hermanos”, afirman desde el grupo de independientes. Por ultimo, Juan José Cerrato, cuya mujer vendió a unas primas una finca por 18.000 euros que meses después fue colocada por 1,8 millones.

Como en otros municipios de la Comunidad, también en Quijorna el estudio encargado del PGOU fue Plarquin, vinculado con Enrique Porto, el director general de Urbanismo de Esperanza Aguirre recién dimitido. “Aquí se daban todos los ingredientes para un buen cocido madrileño: pacto PP/PSOE, Plarquin (Porto) y Sanedi (San Román)”, subraya el independiente Serrano. “Lo que no esperaban es que esto trascendiera”.

EuropaPress, 24/10/2006. Las Rozas: piden el amparo del Defensor del Pueblo ante los abusos urbanísticos de Fidel San Román

La Asociación Salvemos Las Rozas criticó hoy que el Defensor del Pueblo "reconozca el ocultamiento de información y otras graves irregularidades" en la exposición pública del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio pero "limite" su actuación a un "recordatorio de deberes legales" al Ayuntamiento.

Por ello, esta entidad ciudadana exigió a dicha institución "mayor contundencia" y que "emprenda vías de denuncia mucho más intensas y efectivas, ante los tribunales si hiciera falta, exigiendo la anulación del actual proceso de aprobación del PGOU como apunta en su propio escrito que es preceptivo en caso de irregularidades".

La asociación acusó al Defensor del Pueblo de "desamparar al ciudadano frente a los abusos urbanísticos", y reclamó también "la apertura de un nuevo plazo de alegaciones de dos meses a la aprobación inicial, más la puesta en marcha de nuevas medidas de participación ciudadana".

"Salvemos las Rozas exige una intervención tajante de los poderes públicos para destapar un atentado contra el interés general y grave caso anticonstitucional de especulación en beneficio de promotores inmobiliarios como es el PGOU de Las Rozas, que se quiere desarrollar engañando a la población y cuya previsión de duplicar la población, alcanzando 150.000 habitantes, es una de los crecimientos más desmesurados e insostenibles de la Comunidad de Madrid", advirtió la entidad.

La asociación pidió "una actuación mucho más contundente y efectiva" cuando se ha "vinculado" al principal promotor de Las Rozas y propietario de la mayor parte de terrenos a edificar, Fidel San Román, con la corrupción en el Caso Malaya; el director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto, ha dimitido "con acusaciones que salpican" a la presidenta regional, Esperanza Aguirre; y "sobre el propio Defensor del Pueblo se ciernen acusaciones de diversa índole".

Un cartel de la empresa Esprode, en unos terrenos de Ciempozuelos. (ULY MARTÍN)

El País, 21/10/2006. Un gran promotor implicado en el 'caso Marbella' irrumpe en el 'pelotazo' de Ciempozuelos

El promotor inmobiliario Fidel San Román, encarcelado y ahora en libertad provisional por su relación con el pago de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Marbella a cambio de licencias, compró suelo en la zona de Ciempozuelos que el Gobierno local, presidido por el alcalde socialista Pedro Torrejón, pretendía recalificar para la construcción de miles de viviendas. En esa zona había previstas más de 5.000 viviendas con un negocio que, según los expertos, supera los 600 millones de euros.

La irrupción de San Roman en el intento de pelotazo en Ciempozuelos se ha descubierto a raíz de la investigación abierta por un juez sobre la titularidad de 152 fincas situadas en la zona por donde el municipio iba a crecer, según su Plan General, y en la que se iban a recalificar cientos de hectáreas de suelo rústico a urbanizable.

San Román es un promotor inmobiliario que ha hecho sus principales negocios en Las Rozas, municipio del noroeste de Madrid gobernado por el Partido Popular, y que recibió la concesión de la explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas por decisión del Gobierno regional, del PP.

Hace un año y medio, cuando el Ayuntamiento de Ciempozuelos aprobó inicialmente su Plan General, donde se establecía por dónde iba a crecer la localidad y las viviendas nuevas que se iban a levantar, se constituyó una asociación de supuestos propietarios de suelo, llamada Prosci, que denunció un intento de macroestafa por parte de ocho sociedades instrumentales. Estas sociedades, según la denuncia, pretendían registrar a su nombre 152 fincas que no les pertenecían.

El acta fundacional de Prosci la firmaron el Ayuntamiento de Ciempozuelos, Esprode -la promotora inmobiliaria que supuestamente se comprometió a pagar 40 millones de euros al ex alcalde de Ciempozuelos a cambio de sus gestiones para la recalificación de suelo- y Bitango, en cuyo organigrama figuran los apoderados de la mayoría de sociedades de San Román. Además de esa sociedad, hay otras dos, Tifan y Sanedi, en las que participa San Román junto a familiares y colaboradores, que compraron suelo en la zona.

El juez que instruyó la denuncia ordenó como medida cautelar que no se pudieran comprar ni vender las 152 fincas hasta que no resolviera sobre el contencioso. Sin embargo, el juez se ha encontrado meses después con que una parte de los denunciantes le ha aportado escrituras donde acreditan haber comprado una treintena de fincas pese a que en la denuncia inicial, Esprode aseguraba que sólo tenían cuatro.

Este hecho ha llevado al juez a consultar a la fiscalía sobre la apertura de una investigación en relación a la sospechosa compraventa de fincas en la zona para comprobar si se ha vulnerado su medida cautelar sobre los terrenos en litigio. La pelea por la titularidad de esas fincas, que ha llegado a los tribunales y que enfrenta a empresas inmobiliarias, tiene como causa principal la gestión del Gobierno municipal de Ciempozuelos, que pretendía mediante la aprobación de un plan General la recalificación masiva de esos terrenos con los que se disparaba el valor de los mismos.

Ese Plan General ha sido devuelto por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, donde se tiene que aprobar para que entre en vigor, ante el escándalo urbanístico destapado en esta localidad. Ciempozuelos inició los trabajos del Plan General cuando gobernaba el PP, y se contrató para los mismos a un despacho privado de arquitectos propiedad de Enrique Porto, quien posteriormente pasaría a la Comunidad de Madrid como director general de Urbanismo, encargado, entre otras cosas, de tramitar los planeamientos de las localidades madrileñas.

Antes de que el Ayuntamiento de Ciempozuelos recalificase ese terreno, el catastro alertó a una serie de vecinos de que había ocho sociedades que pretendían escriturarse 152 fincas en la zona. La mayoría de las fincas estaban sin inscribir en el registro mercantil. Los denunciantes, la asociación Prosci, aseguró que esas ocho sociedades estaban utilizando tretas para apoderarse de esas fincas en connivencia con dos notarios de Madrid. El juez Agustín Carretero ordenó a los directivos de esas empresas que no se acercaran al municipio de Ciempozuelos y, como medida cautelar, dictó una resolución prohibiendo la compraventa e inscripción de las mismas.

Lo llamativo es que meses después de dictar esa orden, Esprode, y otras personas, haya acudido al juzgado diciendo que en la zona tiene una treintena de fincas, algo de lo que no informó inicialmente. Según documentos aportados por los denunciados al juzgado, esas fincas han sido escrituradas con posterioridad a la orden judicial de que no se comprasen ni vendiesen fincas. Éste es uno de los motivos por los que el juez ha consultado a la fiscalía sobre si deduce testimonio por presuntos delitos de estafa e incumplimiento de las restricciones que pesaban sobre las 152 fincas. Según han informado por escrito al juez los denunciados, en algunas de las escrituras aportadas ahora al juzgado hay transmisiones de fincas entre Esprode y sociedades vinculadas a Fidel San Román.

ELPLURAL.COM, 17/08/2006. El empresario de Las Ventas reconoce que pagó a Roca 6 millones de euros

El empresario madrileño Fidel San Roman implicado en la Operación Malaya ha reconocido que pagó seis millones de euros al ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juán Antonio Roca, presunto cerebro de la trama de corrupción del municipio malagueño.

Según ha difundido la Cadena SER, el empresario cambió su testimonio en su segunda declaración ante el juez. Hasta ahora había negado haber realizado pagos irregulares a Roca. Sin embargo, en una comparecencia voluntaria, ha reconocido que le entregó sobres con dinero en varias ocasiones y que nunca obtuvo ningún recibo.

San Roman reconoció los pagos ante el juez el pasado 17 de julio, justo un día antes de que el empresario saliera en libertad bajo fianza de 500.000 euros.

El empresario madrileño, próximo a Esperanza Aguirre y gestor de la plaza de toros de Las Ventas, confesó que había dado a Roca tres millones de euros cuando compró unas parcelas de terreno a través de la sociedad Edificaciones Tifán. El pago se hizo en tres plazos y, según su confesión, uno fue saldado en un restaurante madrileño y los otros dos en Marbella. Parte de este dinero se repartió entre los miembros de la corporación marbellí, empezando por la alcaldesa Soledad Yagüe, según consta en el auto de procesamiento de San Román al que ha tenido acceso la SER.

Los otros tres millones de euros fueron entregados por el empresario madrileño a Roca a cambio del certificado de “silencio administrativo” positivo de una promoción de 15 bloques de viviendas, cuando Julián Muñoz era alcalde de Marbella.

En el auto de procesamiento el juez califica la actuación de San Román de “vergonzante”.